SALIDA. Maestros se amparan en decreto regional que reconoce
bono, para no ir a juicios y cobrar deuda que data de 1990. Monto a pagar por
docente llegaría a los 80 mil soles. Negociaciones se iniciaron con el Gobierno
Regional.
Elizabeth Huanca Urrutia.
Arequipa.
Cerca de 3 mil docentes jubilados buscan
extrajudicialmente que el Estado les reconozca las elevadas deudas por
preparación de clases y evaluación, que tiene con ellos desde 1990. Los montos
por saldar, según datos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), llegan a S/.
80 mil por maestro.
El concepto, reconocido en la Ley del Profesorado
24029, contempla el pago adicional del 30% de la remuneración total del
docente. Sin embargo, según explica David Gonzáles, presidente del Frente
Magisterial de Cesantes, el Ejecutivo hizo el cálculo en base al sueldo
permanente del docente, sin considerar sus demás beneficios. Por ello
"debería hacerse un recálculo".
“El gobierno hizo una modificatoria en 1999 a la
Ley del Profesorado y dedujo incorrectamente el pago de esta bonificación. Con
ello le recortó a los maestros de la época el 90% del pago por este
concepto", comentó. El docente pone como ejemplo su caso. Por mes (como
jubilado) recibe S/. 22.50 por preparación de clases, cuando según su
remuneración total debería percibir S/. 247.
Salida extrajudicial
En Arequipa, la Asociación Regional de Cesantes y
Jubilados de Educación de Arequipa (ARCIJEA), y la Asociación Regional de
Educadores Cesantes de Arequipa (Areca), agrupan a los maestros cesados. La
primera cuenta con 3,600 integrantes y la segunda con 800.
Todos estos educadores tienen resoluciones
administrativas otorgadas por la Gerencia Regional de Educación (Grea) que
reconoce el derecho al pago del bono en mención, empero, a decir de Gonzáles,
solo un número mínimo de docentes ha logrado cobrar el monto real por
preparación de clases.
Este pequeño grupo judicializó sus casos y obtuvo
sentencias a favor. El resto (cerca de 3 mil) busca una alternativa para resolver
su problema.
En ese sentido, empezaron a transar con el GRA para
que bajo el amparo del Decreto Regional 005-2011, que "aprueba el
procedimiento extraordinario para transacciones extrajudiciales en el proceso
de bonificaciones especiales", puedan evitar llevar sus casos al Poder
Judicial. Allí el proceso duraría meses e incluso años.
La idea es que la Región, a través de la
Procuraduría reconozca formalmente las resoluciones otorgadas a los docentes
jubilados. Con ello se acortaría el proceso ante la entidad judicial que
declararía el pago del bono para los 3 mil maestros como “cosa juzgada”.
La sentencia judicial positiva es vital para los
jubilados, y es que, la Ley de Presupuesto de este año exige que para que el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asigne una partida suplementaria para
el pago de este beneficio, debe haber resoluciones judiciales consentidas.
“El monto global de la deuda no lo conocemos, cada
Ugel (Unidad de Gestión Educativa Local) debe hacer el cálculo. Sin embargo, de
consentirse el pago por preparación de clases, este sería incorporado
permanentemente a nuestras jubilaciones y accederíamos a él hasta nuestra
muerte”, acotó.
Derechos adquiridos
La Ley de Reforma Magisterial (LRM), promulgada en
noviembre de 2012, incorpora el pago del 30% de la remuneración por preparación
de clases al haber total de los maestros en actividad, por lo que no percibirán
el monto cuando se jubilen. No obstante, los cesantes amparados en el antiguo
régimen obtuvieron derechos.
“La mayoría de jubilados tenemos entre los 70 y 90
años. Muchos de nosotros están enfermos y sin dinero. Es un derecho (el pago
del 30%) que ganamos con años de trabajo. El Estado debe responder”, comenta
Gonzáles
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