En los últimos meses las autoridades educativas han reiterado en varias ocasiones que la Carrera Pública Magisterial ingresa en evaluación. Los recursos para evaluar la Carrera están consignados en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2012.
Se han dicho varias cosas sobre la evaluación de la Carrera Pública Magisterial. La ministra Patricia Salas ha dicho que una comisión elabora un Estatuto Docente que estaría listo a fines del primer trimestre; también que se revisa la estructura por niveles de la Carrera, los que podrían pasar de cinco a siete niveles magisteriales. Finalmente, ha expresado que luego que se evalúe la Carrera -en el segundo semestre- se reiniciará la aplicación de la misma. Se trata entonces, de continuar la implementación de la Carrera bajo un marco que podría modificarse en alguno de sus aspectos.
El planteamiento del Ministerio de Educación no es malo si se establece con claridad que aspectos de la modificación de la merecerían un cambio a nivel de Ley. El ideal es que los mismos tengan un rango menor (un decreto supremo, por ejemplo). De otro lado, resulta clave ciertos mecanismos de consulta. Por ahora, lo que venga haciendo el Ministerio de Educación se hace en en más completo hermetismo.
Por otro lado están las normas que ha dado la actual administración en donde se observa que, intencionalmente o no, no se han hecho las precisiones correspondientes en cuanto a varios de los derechos que corresponden a los profesores que han sido incorporados a la Carrera Pública Magisterial; es el caso de los referidos a las asignaciones por desempeño de cargos directivos o jerárquicos y el trabajo en escuelas multigrado o unidocentes; también en cuanto a ser reasignado, asumir un encargo, acumular los años de servicio para efectos de cobrar por remuneración personal.
En tercer lugar, es claro que existe un grupo de funcionarios de las Direcciones Regionales de Educación y de las Ugel que se muestran contrarios a facilitar los derechos laborales que les corresponde a los profesores de la Carrera Pública Magisterial. El pretexto es que “no hay presupuesto”; incluso, como manifiestan algunos profesores en este Blog, los amenazan con pagarles las asignaciones que rigen para la Ley del Profesorado o simplemente les dicen que los concursos de reasignación o encargo están reservados solo para quienes pertenecen a la Ley del Profesorado.
Lo que más preocupa es el silencio de la administración del Ministerio de Educación que, no cabe duda, está informado de todas estas irregularidades, pero no formula ningún pronunciamiento que haga que los funcionarios de los órganos intermedios corrijan su actitud. Es verdad que la descentralización y la regionalización han dado atribuciones a los Gobiernos Regionales que a veces van más allá de la autonomía deseabe que deberían de tener, lo que hace más difícil la intervención del Ministerio de Educación. Sin embargo, incluso tratándose de Lima Metropolitana, cuya gestión todavía sigue en manos del gobierno central, el Ministerio ha adoptado la política del “laiser faire” permitiendo que muchos funcionarios de las Ugel no interpreten correctamente las normas vigentes y las propias directivas emanadas por la Regional de Educación.
De las coordinaciones sostenidas con el Ministerio de Economía y Finanzas se concluye que no habría dificultad respecto a que el gobierno cumpla con regularizar los pagos al personal que se le adeuda por algún concepto al estar en la Carrera Pública Magisterial. Entonces ¿de dónde sale el argumento de los especialistas de que no hay presupuesto? ¿Tienen un documento escrito donde puedan demostrarlo?
Transitamos por un camino peligroso, en donde el exceso de la autonomía regional está llegando a niveles críticos; por ejemplo, en diciembre hubo en algunas regiones problemas de pago de aguinaldos a los profesores; hay una cantidad indeterminada pero importante de profesores que estando en la Carrera Pública Magisterial no cobra desde hace meses lo que debe por el ejercicio de su cargo y, peor aún, a algunos que se les venía pagando por ese concepto se les ha recortado.
Dentro de ese escenario la pregunta que queda es ¿cuál es el futuro de la Carrera Pública Magisterial? En un comunicado publicado el 19 de enero reciente, el Consejo Nacional de Educación ha expresado que su preocupación por los vacíos y debilidades en la implementación de la Carrera Pública Magisterial, por lo cual recomienda aplicar los correctivos necesarios a sus procesos de gestión, a fin de mejorarlos y hacerlos más transparentes”. Añade, que se necesita continuar implementando la Carrera Pública Magisterial, priorizando la evaluación del desempeño de los docentes. Esperemos que sea así.
Hay poco más de 54 mil profesores incorporados a la Carrera Pública Magisterial, aproximadamente un 18% del total de profesores de la educación básica -no 24 mil como algunas autoridades han dicho-. Cuando estos profesores decidieron incorporarse lo hicieron siendo conscientes que pasaban a someterse a reglas de juego que la Ley y su reglamento establecía. Varias de estas reglas no han sido cumplidas por el Estado, y lo poco que ha hecho enfrentó serios problemas de gestión.
Los maestros deberían merecer respeto. En aras a que el ello suceda sería recomendable que el Ministerio de Educación corrija las situaciones irregulares que enfrenta la Carrera Pública Magisterial y defina prontamente su futuro.
