(Artículo publicado en el
diario El Comercio, 14 de diciembre 2012)
Desde hace unos meses vienen dictándose algunas normas que en
vez de fortalecer la capacidad de decisión de las escuelas la limitan.
Pretextando defender los intereses de los padres de familia se
emitió una ley que establece un mecanismo poco funcional de selección de textos
escolares y que debilitará el clima de relaciones al interior de las escuelas.
Recientemente, la directiva del Año Escolar 2013 prohíbe la evaluación, de
cualquier tipo, a niños durante la admisión, inscripción, ingreso y/o matrícula
en la educación inicial y el primer grado de primaria.
La norma iría en la línea correcta si se limitara a cuestionar
los inapropiados “exámenes de ingreso”, tipo universidad, que muchos colegios
aplican a niños antes de matricularlos y que a su corta edad aun no están en
condiciones de defenderse psicológicamente y de asimilar los posibles
resultados negativos de una evaluación. Sin embargo, excluir la evaluación como
medio para que las escuelas diagnostiquen las potencialidades y dificultades de
aprendizaje del niño y aprovechar sus resultados para planificar las medidas de
atención de situaciones diversas en el aula es un error. Las escuelas necesitan
adoptar estrategias que tengan en cuenta las diferencias y las familias estar
informadas respecto de cómo apoyar a sus hijos.
Además, la medida constituye un freno poco justificado para
actuar preventivamente en el tratamiento de dificultades que podrían superarse
con acciones que no representan, en la mayor parte de los casos, un costo
significativo. En el 2010, el Centro Peruano de Audición y Lenguaje, en un
estudio muestral en trece departamentos, encontró que el 95% de niños de cinco
años de edad tenía uno o más problemas auditivos, de articulación de sonidos,
vocabulario y fonológicos que afectan su rendimiento escolar. El diagnóstico
sería más dramático si se suman los problemas de vista. Más costoso es
perpetuar la repetición y la deserción escolar en primaria y secundaria, cuyo
costo asciende a más de ochocientos millones de nuevos soles al año. Dicho
costo disminuiría si se detecta a tiempo problemas como los descritos y se
aplican medidas para reducir el fracaso escolar.
Pocas familias están en capacidad de detectar esos problemas.
Igualmente es evidente que si el Estado no realiza esfuerzos para detectar esas
limitaciones las consecuencias del descuido se pagarán en pocos años. Por ello,
sorprende la norma adoptada por el Ministerio de Educación en momentos en que
se proclama la infancia como prioridad. Si las escuelas, universidades y
centros de salud fuesen alentados a realizar esos diagnósticos harían un gran
servicio. Lamentablemente la directiva del año escolar recorta esta posibilidad.
Sería deseable que la ministra Patricia Salas revise la norma.
Si lo que se desea es que no haya trato discriminatorio lo que debe prohibirse
explícitamente son los “exámenes de ingreso” a preescolar y primer grado de
primaria basados en conocimientos y habilidades que los niños deben tener, los
cuales generalmente los fijan las escuelas arbitrariamente. Lo que no debe
hacerse es impedir que el colegio conozca las condiciones de aprendizaje que
tienen los alumnos al matricularse. El Ministerio de Educación tiene la
palabra.
Ver link: Vanitty Montero, Directora de Educación Inicial
Ver link: Ministerio de Educación, Directiva del Año Escolar 2013
http://www.minedu.gob.pe/files/4826_201211071011.pdf
